Previamente, el Gobierno ya había impuesto el 27 de mayo un estado de emergencia en la misma provincia, aunque entonces no se habían limitado los derechos constitucionales. En esa ocasión, la decisión se tomó en respuesta a una huelga de trabajadores bananeros y al corte de vías, que formaron parte de las protestas por una ley que reformó el sistema de Seguridad Social.